REVISÃO INTEGRATIVA
VELÁZQUEZ, Oscar Jiménez [1]
VELÁZQUEZ, Oscar Jiménez. Avances y proyecciones de cumplimiento de la agenda 2030 en México: resultados en educación y desarrollo social. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Año 09, Ed 12, Vol. 01, págs. 175-195. Diciembre 2024. ISSN: 2448-0959, Enlace de acceso: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacion-es/agenda-2030-en-mexico, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacion-es/agenda-2030-en-mexico
RESUMEN
La presente investigación descriptiva fue realizada para caracterizar los avances y las limitaciones que ha tenido la implementación en México de 4 de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, cada uno de los cuales incluye metas e indicadores específicos. Dicha agenda fue propuesta en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo aceptada en ese mismo año a nivel nacional. La metodología consistió en una revisión documental de fuentes acreditadas, recuperando datos relevantes de estudios hechos durante el periodo 2016 y 2023. Debido a la extensión y complejidad que conllevaba verificar los 17 ODS, se decidió que la indagación se centrara, en primer lugar, en los resultados de las directrices para la consolidación de un sistema educativo de calidad (#4); y en segundo, en los alcances de las políticas para el desarrollo social y la reducción de la desigualdad de sectores sociales marginados (# 1, 2 y 10). Entre los hallazgos se reporta que autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno, además de instituciones empresariales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), han tratado de formular, aplicar y difundir diversos planes, programas y políticas para cumplir con los cuatro ODS señalados; desde el ámbito gubernamental, incluso se han constituido comisiones para dar seguimiento a la consecución de sus metas e indicadores. A pesar de ello, ocho años después de la aceptación de tales compromisos, en 2023, diversos informes expusieron que los logros en materia de educación de calidad y desarrollo social han resultado parciales e insuficientes, debido a causas variadas: falta de infraestructura y recursos; amplia desigualdad socioeconómica en la sociedad mexicana; una pobre articulación de la gestión pública entre instancias estatales; la participación aislada de empresas y OSC; y las afectaciones de la pandemia de COVID – 19 en 2020. Ante este panorama, se considera indispensable replantear las estrategias aplicadas desde los sectores gubernamental, privado y civil, para que pueda concertarse una integración interinstitucional con miras a 2030, incorporando mecanismos de operación, análisis y evaluación de los indicadores y las metas de los cuatro ODS evaluados en este trabajo.
Palabras clave: Agenda 2030, ODS, México, Sector Público, OSC.
1. INTRODUCCIÓN
A partir de la publicación de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2015, ratificada por 196 países, diversas naciones latinoamericanas comenzaron a trazar una serie de planes instituciones y a establecer lineamientos fundamentales para cumplir con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible[2] (ODS) para el año 2030 (ver Figura 1), con 169 metas específicas y 230 indicadores, en donde destaca una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como el fin de la pobreza y la desigualdad, con una promoción de oportunidades de aprendizaje y desarrollo social para todos los individuos (Ortega, 2017).
En el caso de la educación, la propia ONU la ha catalogado como uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, la democracia, la paz y el progreso, ya que impulsa los talentos y las capacidades de todas las personas, independientemente de su estrato social, lo que permite que éstas puedan realizar sus proyectos personales (UNESCO, 1993). Con respecto al desarrollo sostenible (concepto que apareció por primera vez en 1987 en el Informe Brundtland), es también esencial para controlar y reducir las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, ofreciendo posibles alternativas de producción que evitarán los problemas de la industrialización y el crecimiento desmesurado de la población (Gómez de Segura, 2014). Ambos sectores mencionados son decisivos para construir integralmente a sociedades más justas, inclusivas y proclives a la puesta en práctica de iniciativas con sostenibilidad ambiental, social y económica para el futuro próximo.
Figura 1: ODS de la Agenda 2030
Bajo estos lineamientos mundiales, entre 2016 y 2018 se encaminaron esfuerzos conjuntos de diversas organizaciones públicas y privadas para instalar consejos nacionales y estatales enfocados en la atención a los compromisos de dicha Agenda. Fue así como, para 2017, 19 países latinoamericanos y caribeños ya contaban con algún mecanismo de coordinación nacional para el seguimiento e implementación de este convenio (Guevara Sanginés et al., 2018).
En el caso de México (donde ha habido dos administraciones federales diferentes entre 2015 y 2023), inicialmente se le confirió a la Oficina de la Presidencia la revisión permanente de los avances, definiéndose una Estrategia Nacional con visiones para cada ODS, donde diversas organizaciones participaron para determinar las metas nacionales en 2016, pero la nueva administración hizo un replanteamiento de los programas prioritarios, redefiniendo las metas para México en cada ODS, aunque sin notificarlas con claridad a los sectores privado y civil (Becerra Pozos y Pérez Baeza, 2022).
Por otro lado, se llevó a cabo la instalación del Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030, además de que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) contribuyó para que 31 de las 32 entidades federativas instalaron su respectivo Órgano de Seguimiento e Instrumentación (OSI) (Pacto Global – Red México, 2021). Adicionalmente, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) impulsó que cerca de 300 municipios crearon algún mecanismo o norma para responder ante las exigencias de este importante convenio internacional (González Gómez, 2018).
Partiendo de estas condiciones iniciales, en esta revisión integral crítica, tras un análisis documental exhaustivo, se exponen los principales hallazgos en torno a la consumación de los ODS en México, específicamente en los sectores educativo (4) y de desarrollo social (1, 2 y 10), al ser estos dos ámbitos esenciales para la mejora de las condiciones de vida de la enorme mayoría de sus aproximadamente 130 millones de habitantes.
2. DESARROLLO: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AGENDA 2030 EN MÉXICO
Con la finalidad de valorar los alcances de las políticas públicas del Estado Mexicano, se han elaborado Informes Nacionales Voluntarios (INV) en 2016 y 2018 (durante la pasada administración federal del presidente Enrique Peña Nieto) y en 2021 [2] (bajo la actual gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador). Dichos informes han sido presentados ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN / HLPF, por sus siglas en inglés) y en Foros regionales, los cuales se instauraron como mecanismos de seguimiento y evaluación de la implementación de la Agenda 2030 (Becerra Pozos y Pérez Baeza, 2022). Estos documentos sirvieron para facilitar el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre distintas organizaciones públicas y privadas, identificándose así áreas de oportunidad generales y específicas para el país, en especial dentro del complicado contexto derivado de la pandemia de COVID – 19 en 2020 (Secretaría de Economía, 2021).
Con respecto al ODS 4 centrado en el ámbito de la educación, a partir de 2018 el Gobierno de México instauró el sistema de becas Bienestar “Benito Juárez” para Educación Básica (EB) y Media Superior (EMS), y las becas “Elisa Acuña” para Educación Superior (ES), así como los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” (para promover el primer empleo entre universitarios recién egresados) y “100 Universidades Públicas” (para regiones rurales de escasos recursos). Otros programas prioritarios implementados han sido: 1) Desarrollo de Aprendizajes Significativos de EB; 2) Escuelas de Tiempo Completo; 3) Expansión de la Educación Inicial; 4) Estrategia Nacional de Educación Inclusiva; 5) Atención Educativa de la Población Escolar Migrante; 6) Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial; 7) Programa Nacional de Convivencia Escolar; 8) Programa “la Escuela es Nuestra”; 9) Habilidades docentes para la Nueva Escuela Mexicana (NEM); 10) Líneas de Política Pública para la EMS; 11) Programa para la Transformación de la ES; 12) Programa Educación para Adultos; 13) Programa Nacional de Reconstrucción; 14) Sistema Profesional de carrera para formar docentes; y 15) Incorporación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (Secretaría de Educación Pública, 2023).
Por otra parte, atendiendo a las valoraciones de los resultados en cuanto a DS (vinculado a los objetivos 1, 8 y 10 de la Agenda) en la población mexicana, el Informe realizado en 2021 puntualizó que se ha promovido la Economía Social y Solidaria (ESS) entre segmentos tradicionalmente marginados (rurales, pueblos originarios y mujeres, entre otros). Asimismo, se ha buscado construir alianzas territoriales entre instituciones académicas, gobiernos locales y organismos del sector social económico; fue así como se consiguió conformar la Red Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS). integrada por 167 aliadas en 40 NODESS a lo largo de 23 estados. En este sistema participaron 55 Instituciones de Educación Superior (IES), 46 gobiernos locales, 48 organismos del Sector Social Económico, así como 18 participantes del sector privado y la sociedad civil (Secretaría de Economía, 2021).
En cuanto al grado de avance en el cumplimiento de los ODS a nivel estatal, el Gobierno de México elaboró el mapa que aparece en la Figura 2, basándose en las metas cumplidas y las instituciones que han vigilado el cumplimiento de los ODS en los 32 estados:
Figura 2: Logros en materia de ODS de la Agenda 2030 por entidad federativa
A pesar de los avances descritos, de acuerdo con la ONU, en septiembre de 2021 México había conseguido solo en un 70.4% los ODS, lo que lo colocó en el penúltimo lugar de cumplimiento en los países adscritos a la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), solo por encima de Turquía, en tanto que a nivel región, el país se ubicó por debajo de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia. El bajo crecimiento económico, las desigualdades sociales y las afectaciones derivadas de la pandemia de 2020 han provocado un notable atraso en la consecución de los ODS en el país, por lo que las perspectivas a futuro ponen en duda que puedan llegar a alcanzarse por completo para el año 2030 (ONU, 2021).
2.1. PROBLEMÁTICAS QUE HAN OBSTACULIZADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS
Desde los primeros años de su aplicación, la Agenda 2030 ha generado suspicacias, polémicas y debates entre los diversos sectores involucrados en su aplicación en México. En primer lugar, dentro del ámbito estatal, varios autores (Ortega Pérez, 2017; González Gómez, 2018) han destacado que el esquema de Relaciones Intergubernamentales (RIG) se ha caracterizado por una fuerte centralización de recursos, una notable falta de inclusión y un intrincado desarrollo de programas y proyectos, lo que ha impactado negativamente en la consecución de los logros de esta Agenda. A ello se ha añadido los bajos niveles de colaboración entre los diferentes sectores de gobierno (federal, estatal y municipal), en buena parta por la falta de voluntad política y administrativa para construir las estructuras, las interacciones y los entornos que sirvan para garantizar un trabajo conjunto hacia las metas pactadas desde 2015 (Huerta Estévez, Severino Parra y León, 2023).
Por otra parte, en segundo lugar, desde el sector privado (empresas y organizaciones financieras), se han realizado estudios para identificar los puntos claves para participar e integrarse en los ODS. Si bien estas instituciones aceptan que es indispensable su papel en la preparación de nuevas generaciones de profesionistas, la innovación tecnológica y la creación de negocios, éstas han considerado que el protagonismo principal les pertenece a las distintas instancias gubernamentales (sobre todo en cuestiones de promoción del empleo, prevención del delito y combate a la desigualdad), por lo han tomado un rol complementario y, frecuentemente, de simple observador y evaluador de políticas públicas (Consejo Coordinador Empresarial, 2018). Asimismo, la pandemia de COVID – 19 afectó en gran medida la estabilidad económica de muchas compañías, por lo cual el peso de la implementación de los ODS fue transferido casi totalmente hacia el sector público. En este sentido, el sector empresarial reconoció que la crisis sanitaria pudo afectar hasta en un 30% el cumplimiento de dichos objetivos, especialmente el 1ero (combate a la pobreza), el 2do (hambre cero), el 4to (educación de calidad), el 8avo (Trabajo decente y crecimiento económico), el 9no (Industria, innovación e infraestructura) y el 10mo (reducción de desigualdades) (Pacto Global – Red México, 2021).
En tercer lugar, se encuentran las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y las dependencias académicas (específicamente las universidades y otras instituciones de ES), las cuales intentaron vincularse a las disposiciones públicas y privadas, dentro de sus posibilidades. Fue así que en 2022 presentaron el “Informe Luz” sobre sus aportaciones en la consecución de los ODS en México, documento donde se relató que se ha propiciado la interactuación y el diálogo con instancias gubernamentales, especialmente con la Presidencia de la República, responsable principal de la Agenda 2030, así como con la Secretaría de Relaciones Exteriores (la Cancillería), para establecer mecanismos de participación formalizados, a los cuales se les pueda dar seguimiento mediante consultas y exposiciones de avances por parte de diversas autoridades en ámbitos multilaterales (Becerra Pozos y Pérez Baeza, 2022).
Aunque existe interés por cumplir con los ODS por parte de los sectores público, privado y civil (apoyados y asesorados por la propia ONU), la realización de tales objetivos ha sido accidentada e irregular. Si bien la administración federal pasada instaló seis comités especiales a partir de noviembre de 2018 (como complemento del Consejo Nacional) – los cuales fueron ratificados por el actual gobierno, donde se incluyeron al Poder ejecutivo, el Legislativo, las OSC, la Academia y el sector privado – estos grupos (Comité de Estrategia Nacional, Comité de Seguimiento y Evaluación, además de cuatro Comités de trabajo por grupos de ODS) no han podido coordinarse y dar seguimiento al alcance de las metas. De hecho, fue hasta 2020, cuando se iniciaron las actividades para la definición y la selección de metas e indicadores nacionales de la Agenda 2030, estando lideradas por el Comité Técnico Especializado de la Agenda 2030, formado por representantes gubernamentales, la ONU y el sector privado, pero sin incluir a la sociedad civil (Becerra Pozos y Pérez Baeza, 2022).
Por su parte, en 2020 el Senado de la República instaló la Comisión Especial para el Seguimiento a la implementación de la Agenda 2030. Más tarde, en marzo de 2021, el gobierno federal desapareció la Oficina de la Presidencia, encargada de coordinar la implementación de dicha agenda, para adjudicar dicha responsabilidad a una Dirección creada exprofeso en la Secretaría de Economía. En ese mismo año, se reformularon las metas nacionales de los ODS, en colaboración con OSC, siendo una muestra de la voluntad del Gobierno para avanzar en el cumplimiento de la Agenda, aunque ésta no ha resultado suficiente, ya que tanto los reportes oficiales y privados no explican a detalle las acciones que se están instrumentando a partir de 2021, lo que ha resultado preocupante (Becerra Pozos y Pérez Baeza, 2022).
Profundizando en estas circunstancias particulares, la Universidad Iberoamericana, a través del proyecto Iniciativa Agenda 2030 [4], implementado por un equipo de investigadores encabezado por el Vicerrector Académico Guevara Sanginés en 2018, los cuales reconocieron una serie de causas estructurales que han dificultado la consecución de las metas de dicha agenda por parte de los actores políticos y sociales involucrados, entre las cuales destacan:
A) Ausencia de una visión sostenible a largo plazo en las dimensiones social, económica y ambiental, tanto desde el sector gubernamental como desde el empresarial, el civil y el académico.
B) Una marcada “desigualdad de agencia” [5] que impide que la mayoría de las personas pueda cumplir con sus objetivos personales, lo que dificulta aún más que puedan alcanzar metas a nivel comunitario, regional y nacional.
C) Falta de un sistema de precios sociales que reconozca las externalidades positivas y negativas de las actividades humanas. En este punto, no se han reconocido los impactos sociales y ambientales de las actividades productivas, así como la desigualdad social, lo que dificulta que los ciudadanos defiendan sus derechos cuando son afectados por intereses económicos (Guevara Sanginés et al., 2018).
D) Políticas integrales insuficientes, producto a la desvinculación existente entre los distintos actores sociales, lo que ha obstaculizado una coordinación intersectorial efectiva.
E) Complicaciones para garantizar el Estado de derecho frente a problemas generalizados y desatendidos por largo tiempo, como son la corrupción, la violencia y el crimen organizado (Guevara Sanginés et al., 2018).
En correspondencia con las causas antes expuestas, los funcionarios mexicanos han intentado promover mecanismos institucionales de coordinación, los cuales sirvan para encauzar planes y acciones públicas para impulsar la creación de espacios de diálogo entre los actores más interesados en la consumación de los ODS. No obstante, las particularidades territoriales, las circunstancias contextuales y las necesidades de desarrollo requeridas para que los compromisos de dicha Agenda para las distintas regiones y comunidades mexicanas han llevado a que no puedan consolidarse a largo plazo (Guevara Sanginés et al., 2018).
Al respecto de lo antes analizado, Higuera Sánchez y Pacheco Borbón (2021) puntualizan que el Estado Mexicano ha intentado generar y aplicar políticas sociales más centradas en los ciudadanos como “agentes de cambio”. Su finalidad, conforme a lo dictado por la ONU, es alcanzar una sociedad con derechos ciudadanos y humanos que sean respetados, donde se asienten valores como la equidad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, tales políticas no han logrado reducir las brechas existentes entre diferentes grupos sociales, así como entre los niveles de desarrollo en las diversas regiones del país, prevaleciendo enormes distancias en la calidad de vida entre el norte, el centro y el sur del país.
Adicionalmente, desde los preceptos de las Naciones Unidas se ha hecho hincapié en la poca difusión y la escasa apropiación cultural por parte de gobierno, empresas, academias y sociedad en general, lo que ha complicado que estos actores se comprometan con los ODS y consigan alcanzar las metas de la agenda (ONU, 2023a). Esta situación ha traído el desconocimiento y la falta de interés que han reflejado varias autoridades de instituciones de los tres órdenes, para quienes la Agenda 2030 sigue sin ser una prioridad en sus gestiones. Por tal motivo, existe una enorme preocupación por la información limitada, desactualizada y prejuiciosa que prolifera entre la mayoría de la población mexicana, la cual ha provocado que las actividades efectuadas en pro de los ODS sean prácticamente desconocidas por parte de los sectores gubernamental, empresarial y civil.
No obstante, desde el entorno gubernamental se ha resaltado que la mayoría de las empresas continúan enfrentando grandes retos en términos de sostenibilidad, los cuales se han visto agravados por la crisis sanitaria del COVID – 19. De hecho, se ha estimado que el 70% de las empresas en México muestran un bajo nivel de desarrollo de acciones en torno a la sostenibilidad, ya que únicamente el 31% tiene un presupuesto asignado para esta directriz (Secretaría de Economía, 2021). A ello se añade la falta de presupuesto, ya que más del 50% de las empresas no asigna fondos a cuestiones relacionadas con los ODS (Pacto Global – Red México, 2021).
Las cifras negativas anteriores coinciden con el reporte hecho por la ONU (2023a) en torno a que de las 140 metas que se establecieron para cumplir con los ODS, la mitad están lejos o muy lejos de seguir la trayectoria deseada. Asimismo, más del 30% de estas metas no han experimentado ningún avance e incluso han empeorado sus perspectivas con respecto a la situación de 2015. Atendiendo a las estimaciones de la propia ONU, solo un tercio de los países podrán reducir a la mitad sus tasas nacionales de pobreza para 2030.
2.2. COBERTURA, CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA: ASIGNATURAS EN DEUDA
Respecto al compromiso con la Educación por parte de México, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (2016) se refrendó su compromiso para establecer un Consejo de Alto Nivel para el cumplimiento del cuarto ODS de la Agenda 2030, el cual fue creado por el Congreso de la Unión mediante el decreto del 26 de abril del 2017. En consonancia con estas disposiciones, se promulgó la nueva Ley General de Educación (2019), donde se incorporaron las metas prioritarias de la agenda 2030:
a) Garantizar que todas las instituciones y poderes del Estado hagan valer el derecho a la educación como un derecho colectivo, gratuito, equitativo y de calidad para lograr el bienestar de todas las personas.
b) Desarrollar y poner en práctica programas y políticas públicas que garanticen la educación a todos los niveles (en especial, en el ámbito universitario), así como la igualdad para hombres y mujeres.
c) Comprensión de la educación como proceso centrado en el aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, contribuyendo al desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad.
d) Ofrecer oportunidades de aprendizaje, así como de ingreso, permanencia, avance y del egreso oportuno del Sistema Educativo Nacional a todos los alumnos (Cámara de diputados, 2019).
Estas directrices no son nuevas, puesto que la UNESCO (2008), desde los años 90, ya había propugnado por una educación incluyente, basada en competencias, para fortalecer la calidad de la enseñanza, así como la mejora de la investigación y los programas de estudio, para que así cuenten con la pertinencia necesaria para las condiciones de su entorno, pero que también sean congruentes con las disposiciones de los acuerdos internacionales, los aspectos culturales y el uso eficiente de las tecnologías, siendo considerado este modelo educativo dentro de los planes de desarrollo de México. No obstante, dicha educación por competencias no ha arrojado los resultados esperados en cuanto a la mejora de la calidad educativa ni las condiciones de vida, en buena parte por la falta de recursos didácticos y la escasa capacitación de los docentes, como han expuesto Higuera Sánchez y Pacheco Borbón (2021).
En lo correspondiente al presupuesto destinado por la ONU al ODS 4 para alcanzar una educación de calidad, en 2023 se estimó en 4.7 millones de dólares norteamericanos (4.1% del monto total de 65.2 millones de USD); en cuanto al combate a la reducción de las desigualdades, se destinaron 6.1 millones (9.3%), así como 1.3 millones (2.1%) para terminar con la pobreza (ONU, 2023b). Gracias a estos apoyos internacionales, así como a fondos públicos, en el tema de cobertura a nivel nacional sí se han tenido avances muy importantes, al existir un aumento paulatino del número de estudiantes matriculados en cada uno de los niveles escolares, sobre todo con respecto al número de niñas y mujeres que ya cuentan con acceso a la educación, tanto en el entorno urbano como el rural (Huerta Estévez, Severino Parra y León, 2023).
No obstante, realizando un balance de los resultados educativos en 2021, el panorama no fue alentador, ya que, de cuatro indicadores analizados para el ODS 4, solo hay un avance en dos de ellos, con un retroceso en los otros dos, debido sobre todo a la pandemia de COVID – 19 en 2020, la cual provocó que muchos alumnos abandonaron los estudios, afectando significativamente la matrícula de todos los niveles. Al respecto, aunque hubo logros derivados de políticas públicas implementadas a través de los programas de apoyo a estudiantes desde el año 2000 en cada uno de los diferentes niveles educativos, la contingencia sanitaria llevó que muchos niños y adolescentes, al no contar con los dispositivos tecnológicos necesarios para la educación a distancia (computadoras, celulares, etc.), dejaran sus estudios; otros tuvieron que renunciar también ante carencias económicas y la pérdida de empleos originada por la crisis económica que le siguió a la emergencia mundial (Huerta Estévez, Severino Parra y León, 2023).
Es pertinente resaltar que la deserción escolar, al ser un fenómeno multifactorial, ha sido muy difícil de erradicarlo con las acciones propuestas por las autoridades educativas y las organizaciones privadas, ante situaciones tales como las limitaciones económicas de millones de alumnos, el aislamiento de las comunidades rurales, la falta de infraestructura educativa en los planteles, la dificultad de acceso a las escuelas, la falta de acceso a alimentación de calidad y la pobreza, aunque no se han definido indicadores de acceso a la educación que permitan dar seguimiento a las causas de la deserción y cómo éstas han disminuido o incrementado en el país en años recientes (ONU, 2023b).
Tomando en consideración los hallazgos descritos, para poder cumplir con el ODS 4, “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, se reconoce que hacen falta recursos (económicos, materiales, organizativos, tecnológicos y humanos) que permitan a las escuelas de los diferentes niveles escolares poder cubrir las necesidades de los alumnos en cuanto a alimentación, salud integral, desarrollo social y formación educativa. Adicionalmente se requieren políticas públicas que permitan dar seguimiento a los avances de los estudiantes, para de este modo ofrecerles oportunidades de empleo y de mejora en su calidad de vida.
2.3. DESARROLLO SOCIAL EN MÉXICO: AVANCES Y LIMITACIONES
Para tener un panorama más claro de la situación en que se encuentra el país, puede citarse el Informe sobre el cumplimiento de los ODS 2020, en el cual se expone un ranking global de 166 países, en función de su desempeño en la consecución de la Agenda 2030, donde México se situó en el puesto 69, con grandes retos por afrontar vinculados al ODS 2 (hambre cero), el ODS 8 (trabajo digno y crecimiento económico) y el ODS 10 (reducción de la desigualdad) (ONU, 2020).
Por su parte, la Secretaría de Economía (2021) reportó que 14 de las 32 entidades federativas de México han “alineado” una sección significativa de los contenidos de su Plan Estatal de Desarrollo (PED) al enfoque del desarrollo sostenible, en tanto que 30 de 32 han hecho “al menos referencia a la Agenda 2030”. Sin embargo, con respecto a los datos existentes sobre los medios de acceso a información estadística vinculada con los ODS, solo 14 estados han generado plataformas de recopilación de datos. Asimismo, en cuanto a los avances de las metas en el desarrollo social a nivel municipal, solo 20 entidades han obtenido resultados, siendo Coahuila, Chihuahua, Durango y el Estado de México los que han logrado alcanzar el 100% (Secretaría de Economía, 2021).
Las cifras anteriores se vieron complementadas por las presentadas en el Informe Global de resultados de los ODS de 2023, donde se resalta que en ocho años han sido insuficientes los avances para alcanzar los objetivos y las metas planteadas originalmente, producto de la pandemia y la falta de servicios públicos de salud; el desequilibrio geopolítico por los precios de combustibles (ya que todavía no se les ha podido sustituir por fuentes renovables); la guerra de Rusia – Ucrania; y una crisis económica que ha afectado a diversos países desde 2020. En este respecto, México no es la excepción por lo que se estima que el porcentaje de personas en la pobreza, en el mejor de los casos, se ha mantenido igual desde 2015. Asimismo, la desigualdad socioeconómica y la falta de oportunidades se han incrementado, lo que no ha podido ser atenuado por los programas sociales y las medidas de apoyo a grupos vulnerables (ONU, 2023a).
Ahondando en la Estrategia Nacional para impulsar el desarrollo social, desde la óptica de varios autores (González Gómez, 2018; Guevara Sanginés et al., 2018; Becerra Pozos y Pérez Baeza, 2022; Huerta Estévez, Severino Parra y León, 2023), a lo largo de ocho años y dos administraciones públicas federales, se ha carecido de las herramientas fundamentales para su implementación, debido a que únicamente se está tratando de alinear los ODS con las políticas públicas ya establecidas en los Planes Nacionales de Desarrollo, de modo que solo se hace un reacomodo administrativo de programas previamente contemplados en el presupuesto de egresos de la federación. Derivado de ello, las acciones gubernamentales no parten de un análisis para cumplir efectivamente con la Agenda 2030, sino que solo “ajustan” los programas y políticas para que coincidan de forma general con los ODS, con la intención de que desde el sector público los reporten como si en verdad estuvieran cumpliendo con las metas e indicadores de la ONU.
Desprendiéndose de lo anterior, las OSC han señalado que no se ha podido integrar una estructura operativa propia, que en verdad ponga en marcha la Agenda 2030 con autonomía, recursos propios y mecanismos específicos (Becerra y Pérez, 2022). Dicha estructura debería contar, desde 2016, con equipos multidisciplinarios donde laboren coordinadamente funcionarios, empresarios, expertos en gestión interinstitucional, académicos, representantes de la sociedad civil y otros actores relacionados con el combate a la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades de empleo. Lamentablemente, sin tal estructura independiente y funcional, se considera muy lejana la consecución de los ODS y sus metas respectivas (Pacto Global – Red México, 2021).
Retomando las evidencias presentadas, puede señalarse que para conseguir alcanzar el ODS 2 (“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”), se requiere crear un sistema nacional para el aseguramiento de la alimentación digna, el cual cuente con diversos órganos a nivel estatal y regional para gestionar la obtención de comida para poblaciones rurales o en condiciones de vulnerabilidad, lo cual no se ha logrado hasta el momento (ONU, 2023a).
En cuanto al ODS 8 (“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”), sí bien se ha avanzado en el fortalecimiento de la economía mexicana en los últimos 5 años, para conseguirlo se valora como esencial la generación de fuentes de empleo de calidad, sobre todo en sectores sostenibles, como el de las energías alternativas y los transportes verdes, así como en la protección de recursos naturales (ONU, 2023b).
Por último, con respecto el ODS 10 (“Reducir la desigualdad en y entre los países”), para poder alcanzarlo se reconoce que es fundamental que tanto las autoridades mexicanas como las instituciones privadas contribuyan a implementar políticas para incrementar la distribución de ingresos, lo que puede ayudar a abatir el rezago que presentan amplios segmentos de la población nacional, quienes pueden participar coordinadamente para construir proyectos de desarrollo regional que permitan equilibrar los flujos económicos hacia las zonas más desfavorecidas (ONU, 2023b).
3. CONSIDERACIONES FINALES
Para concluir con esta exposición, partiendo del objetivo establecido en este trabajo (“Llevar a cabo un análisis de la implementación en México de la Agenda 2030 propuesta por la ONU en 2015”), debe destacarse que la mayoría de las propuestas y acciones para cumplir con la Agenda 2030 se han hecho desde el sector gubernamental, con poca integración interinstitucional de otros actores sociales (empresas, asociaciones, comunidades, universidades y población en general), los cuales, si bien han tratado de asumir una visión compartida de corresponsabilidad y participación permanente, han tenido un papel secundario (y muchas veces pasivo), al estar a la expectativa de las decisiones y medidas en torno a políticas públicas, lo que ha llevado a una demora significativa en el cumplimiento de los ODS 2, 4, 8 y 10, así como en alcanzar las metas y los indicadores definidos por la ONU con miras al futuro próximo del país en 2030.
Con respecto a las principales problemáticas en torno a la implementación de los ODS, Ortega (2017), González (2018), así como Becerra y Pérez (2022), han señalado que la creación de diversos organismos encargados de dar seguimiento a la Agenda 2030 dentro de las dependencias nacionales, estatales y municipales, han conducido a la duplicación y la descoordinación de funciones, lo que ha dificultado que haya políticas y mecanismos adecuados para el trabajo colaborativo. Adicionalmente, incluso desde la propia ONU (2021; 2023) se ha referido que frecuentemente existe una falta de comprensión y apropiación de los principios de la Agenda entre los diversos funcionarios, empresarios e instituciones involucradas. A ello se ha sumado la grave posibilidad de la simulación de resultados en las metas por parte de las propias autoridades, haciendo pasar cifras de otros programas públicos como parte de las directrices para cumplir con la agenda, solo por conveniencia política o económica, como resaltó González (2018).
Otro punto clave que han destacado las OSC, como apuntan Becerra y Pérez (2022), es que la administración federal actual no ha priorizado aquellas políticas que permitan alcanzar los ODS en cuestiones de educación y desarrollo social para grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, tales como las mujeres, adolescentes, personas indígenas, población LGBTI+, personas con discapacidad, migrantes, refugiados y personas afromexicanas. Adicionalmente, desde las asociaciones civiles y académicas se ha llamado la atención sobre la falta de diseño de metas e indicadores nacionales de manera corresponsable y participativa, al ser definidas en su mayor parte por el Gobierno Federal, lo que ha impedido implementar acciones eficaces para disminuir la pobreza y la violencia que enfrentan amplios sectores de la población.
RECOMENDACIÓN GENERAL
A partir de todo lo antes expuesto, puede señalarse que es urgente la creación de una verdadera estructura administrativa, con planes, convenios y políticas propias, donde participen de forma informada y articulada los sectores público, privado y civil, para así redirigir los recursos y esfuerzos para el cumplimiento óptimo de los ODS para 2030.
REFERENCIAS
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APÊNDICE – NOTA DE RODAPÉ
2. Es importante señalar que los modelos de Desarrollo Sostenible (DS) son alternativas al modelo depredador neoliberal (centrado únicamente en la generación de ganancias), ya que intenta generar un equilibrio entre varios elementos estructurales (recursos naturales, población, sector público y sector privado, entre otros) para alcanzar las dimensiones del progreso socioeconómico. De tal forma, el DS permite delimitar interdependencias horizontales y verticales entre los gobiernos, las empresas y las asociaciones civiles, de modo que el Estado garantice los derechos humanos y regule de manera eficaz las actividades productivas (Becerra y Pérez, 2022).
3. Hasta el momento (diciembre de 2023) en que se recopiló información en esta revisión, aún no se ha publicado el INV del año 2022, por lo cual las cifras más recientes de este Informe pertenecen a diciembre de 2021.
4. Dicho proyecto fue concretado mediante convenio por parte de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ, por sus siglas alemanas), así como por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en el mismo idioma). Estos organismos se han mostrado interesados en impulsar el desarrollo económico de varias regiones de México (Guevara et al., 2018).
5. “Desigualdad de agencia” es un concepto empleado para englobar a todas aquellas actividades que una persona es libre de realizar para alcanzar los objetivos o valores que considera más importantes en su vida (Guevara et al., 2018).
[1] Doctorado en Direccion e Innovacion de Instituciones, Maestría em Logística y Cadena de Suministros, Maestría en Administracion Pública, Maestría en Alta Direccion e Inteligencia Estrategica, Maestría en Relaciones Públicas y Procesos Directivos, Especialidad en Mando Naval, Especialidad em Electronica Naval, Ingeniero em Ciencias Navales, Licenciado em Derecho. ORCID: 0000-0002-8864-1798.
Material recibido: 4 de enero de 2024.
Material aprobado por pares: 30 de abril de 2024.
Material editado aprobado por los autores: 16 de diciembre de 2024.
